domingo, 22 de marzo de 2015

BANCOS DE ALIMENTOS, POLÉMICA RECIENTE.

«Las personas que reciban ayuda en alimentos deberán presentar un informe de servicios sociales»


Según explicó hace menos de un mes el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, los beneficiarios de los alimentos que reparten entidades como Cruz Roja o la Federación Española de Bancos de Alimentos a partir de fondos europeos para personas vulnerables, tendrán que probar con un informe de servicios sociales que realmente necesitan ese apoyo.
Esta noticia ha despertado la polémica y la reflexión sobre el significado y la importancia de los bancos de alimentos como fenómeno social de rabiosa y la vez triste actualidad.

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso.
El origen de los alimentos proviene de empresas privadas, grandes superficies, centros educativos, supermercados, pequeños negocios y donantes anónimos.
En 1996 los Bancos de Alimentos constituyen, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que reúne a los 54 Bancos que existen en la actualidad.
Los Bancos de Alimentos no entregan alimentos a particulares. Sólo distribuyen alimentos a instituciones benéficas, las cuales deben cumplir con una serie de exigencias muy bien definidas.
Estas Instituciones, distribuidas por toda España, ayudan a las personas más necesitadas de las Comunidades Autónomas en las que se encuentran establecidas. Abarcan a todo tipo de colectivos con rasgos culturales, étnicos y religiosos varios, sin hacer diferenciación alguna al respecto. Por tanto, son entidades benéficas de carácter asistencial de la más diversa tipología.
Son beneficiarios aquellos colectivos más castigados por la pobreza, es decir, aquellas personas o grupos familiares que viven en la antesala que da paso a la marginación y al desarraigo social.

Por otra parte, La Unión Europea ha elaborado distintos reglamentos para financiar estas acciones en relación con las materias primas.

Resulta impactante percibir que una estrategia encaminada a la lucha por la supervivencia de los colectivos más desfavorecidos, basada en el apoyo solidario y en un trabajo llevado a cabo con rigurosa profesionalidad se vea cuestionada ahora. Pero lo que resulta todavía más inquietante es la coincidencia con la novedad del Fondo de Ayuda Europea para las personas desfavorecidas por el que España va a recibir 563,4 millones de euros de aquí a 2020. ¿Dónde quedarán estos fondos mientras aquellos a quién van destinados se ven obligados a demostrar una y otra vez que necesitan alimentos para comer cada día franqueando nuevas trabas burocráticas?

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