El pasado 24 de abril se cumplieron 3
años desde la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 16/2012
(RDL 16/2012). El Observatorio por el Derecho Universal a la Salud de
la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) publicó ese día el décimo
informe basado
en las notificaciones de vulneración del derecho a la salud
registradas en la Comunitat. Aunque ya hicimos mención a este informe en el blog, queremos ampliar esa información haciendo un recopilatorio de datos importantes.
Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, ODUSALUD es una plataforma compuesta
hasta hoy por 78 organizaciones de la sociedad civil de la Comunidad
Valenciana, unidas para posicionarse firmemente en contra de los
cambios producidos por la entrada del RD 16/2012. La SVMFiC es una de
las entidades promotoras de dicho Observatorio, en coherencia y como
continuidad de la objeción de conciencia impulsada desde semFYC al
RDL 16/2012 y su aplicación en la Comunitat Valenciana. SVMFiC ha
delegado en su Grupo de Trabajo del 3er y 4º mundo la representación
en ODUSALUD.
Éstas son las conclusiones del X
informe ODUSALUD, obtenidas de los 1252 registros de incidencias,
cuyas características se detallan en el informe. Nos hemos permitido
separar las conclusiones en tres apartados:
1.- Datos obtenidos de los
registros.
En esos 3
años se
han
recibido
1.252
notificaciones.
Hemos pasado de una media
mensual de 43 incidencias en 2014 a 62 mensuales en el primer
trimestre de 2015.
Aspectos
más
destacables
de las
notificaciones
realizadas
desde el inicio del registro:
Se
han
recogido
135
casos
de
menores
desatendidos
(11% del total) en
centros
sanitarios
públicos,
pese a
que
la
normativa
vigente
mantiene
el derecho
a la asistencia
sanitaria
para
los
menores
de 18
años.
Aumentan las incidencias pese a la
implantación del Programa Valenciano de Protección a la Salud
(PVPS) en julio de 2013. Hasta ahora
ha solicitado la cobertura del PVPS un número muy bajo de personas
registradas, de las cuales, el 20% han sido rechazadas.
Aumentan hasta el 73% las
incidencias producidas en los Centros de salud,
la mayoría de las cuales corresponden a personas en situación
administrativa irregular.
Un 18,6% de
las incidencias se
deriva
de
la
existencia
de la hoja de
requerimiento de información
también conocida como compromiso de pago y origen del procedimiento
de facturación. Su
consecuencia es la autoexclusión de pacientes que, incluso
afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención
sanitaria. Se trata de un
fenómeno muy preocupante, cuya magnitud es difícil de evaluar
Un 15,3%
de las notificaciones hace referencia a la falta
de acceso al tratamiento por
razones económicas.
Aumentan los casos de personas
que
no
consiguen
ser
atendidas
directamente
por personal
sanitario,
un 62,6% frente
al 56,3% del
anterior informe.
Siguen existiendo
trabas
administrativas,
como carencia de tarjeta sanitaria, documento análogo o trámites
de expedición y renovación.
2.- Valoración del Programa
Valenciano de Protección a la Salud (PVPS):
Si bien ha producido una mejora en
las condiciones de acceso a los servicios sanitarios públicos de las
personas a las que cubre, su efectividad ha sido muy escasa sobre el
conjunto de las personas excluidas del derecho a la asistencia
sanitaria. 18
meses después de su puesta en marcha, sólo alcanza a cubrir al 6%
de las personas a quienes iba destinado.
Los responsables de la Consellería
deberían revisar y escuchar los motivos por los que está fracasando
el PVPS. El informe apunta dos de ellos: la exigencia de requisitos
muy restrictivos por pate de Consellería y su falta de implicación
en la difusión, conocimiento y aplicación del PVPS.
3.- Propuestas de ODUSALUD de cara
a las próximas elecciones autonómicas:
El RDL 16/2012 establece el
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, fuera de las competencias de las
Comunidades Autónomas. Aun así, y con el fin de paliar sus
consecuencias, ODUSALUD propone a los nuevos Gobiernos Autonómicos y
Locales cinco prioridades
en este campo:
El Gobierno
Valenciano debe poner en marcha acciones que garanticen el acceso
de todas las personas a los servicios sanitarios públicos.
Para ello debe eliminar barreras administrativas y disuasorias de
cualquier tipo, como los compromisos de pago por la asistencia
prestada en estos servicios.
El Gobierno
Valenciano debe aplicar una solución definitiva al grave problema
de los menores
a quien se niega o limita el derecho a la asistencia sanitaria,
garantizando entre tanto que se antepone el derecho de los menores a
ser atendidos y a que su salud sea protegida, sobre cualquier otra
consideración.
El Gobierno
Valenciano debe hacer efectiva la transparencia
en los datos
relacionados con la población a la que se garantiza o no su derecho
a la asistencia sanitaria y su acceso a la misma.
El Gobierno
Valenciano debe emprender las acciones necesarias para paliar
las consecuencias sobre las personas afectadas por la exclusión
sanitaria,
así como todas aquellas en el ámbito de su competencia e
influencia para reconocer,
promover e impulsar el reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria y la derogación del RDL 16/2012.
Los Ayuntamientos
pondrán en marcha mecanismos que faciliten
el empadronamiento
de todas las personas que habitan en su municipio, eliminando
barreras administrativas y burocráticas que dificulten el ejercicio
de los derechos de sus habitantes.
4.- Respecto a las intenciones
todavía por conocer del Ministro de Sanidad
En este mes de abril, el presidente
del Gobierno Español y su Ministro de Sanidad han hecho públicas
sus intenciones de arbitrar medidas de ámbito estatal para las
decenas de miles de personas en situación de exclusión sanitaria en
toda España. Pese a la falta de concreción de la propuesta, se han
hecho explícitos algunos aspectos restrictivos alarmantes como
permitir el acceso sólo a centros de atención primaria, la
imposibilidad de acceso a centros de especialidades y hospitales y la
negativa a la concesión de la tarjeta sanitaria.
El informe ODUSALUD apunta que
tomando como referencia un modelo de acceso sanitario restrictivo
como el Programa Valenciano de Protección de la Salud, la propuesta
aun menos ambiciosa por parte del Estado estará abocada a resultados
igualmente pobres y al fracaso.
No nos parecen satisfactorios los motivos aducidos en prensa: "cuestiones de salud pública", porque es "más
práctico" y para "no saturar las urgencias". Nos
habría gustado oír que los motivos de rectificar estuvieran basados
en la solidaridad con el más desfavorecido y más vulnerable, la defensa de los derechos fundamentales, o porque la sostenibilidad del
sistema, aducida inicialmente para justificar el RDL 16/2012) ya
no corría riesgo. Esperemos que rectifiquen y no jueguen con parches
en algo tan importante como la salud.