DESIGUALDADES EN GÉNERO-DESIGUALDADES EN SALUD
Los determinantes sociales de salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Estos determinantes explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria (OMS): son las desigualdades sociales en salud, por lo que para disminuir las desigualdades, deberemos actuar sobre los determinantes.
En la ley 33/2011 General de Salud Pública se reconoce que la educación, los bienes materiales, el estatus social y económico, el acceso al trabajo y la calidad del mismo o el entorno social y medioambiental de vida, entre otros factores, determinan la salud de las personas.
Entre la salud de hombres y mujeres existen diferencias que tienen que ver tanto con las características biológicas y psicológicas propias de cada sexo, como con los roles y comportamientos de género construidos socialmente para los hombres y las mujeres y que están basadas en las normas y valores de cada sociedad en particular (1).
El género es, sin duda, uno de los ejes de desigualdad más relevantes que acaba afectando a todos los demás ejes de desigualdad (laboral, discapacidad, clase, etc) y que acaba repercutiendo en situaciones de exclusión.
En el informe “Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023” del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social podemos encontrar los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, que muestran una masculinización de la recuperación económica y una feminización de la pobreza. La tasa AROPE (indicador que agrupa tres componentes que miden pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar) masculina es del 26% mientras que la femenina es del 27.1% y el riesgo de pobreza masculina se sitúa en el 21% mientras que la femenina es del 22.2%.
En el documento “Desigualdades en salud en la Comunidad Valenciana”, del Observatorio de Salud podemos encontrar datos que confirman la brecha de género en la salud y el bienestar. Respecto a la salud autopercibida, relacionado con la prevalencia de enfermedades crónicas, el uso de servicios sanitarios y la mortalidad comprobamos que, a igualdad de clase social, los hombres manifiestan una mejor salud percibida que las mujeres: en hombres pasa del 78% en la clase social I al 69.3% en la VI y en las mujeres del 83.5% al 58.3%.
Por otra parte, las mujeres viven más tiempo que los hombres (más años de esperanza de vida media), pero esto no es sinónimo de vivir con buena salud. La esperanza de vida con buena salud entre 2005 y 2010 se ha incrementado más en los hombres (de 61 a 64.2 años) que en las mujeres (de 60.1 a 61.4 años).
El aumento de esperanza de vida en mujeres lleva consigo una mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas: respecto a los problemas cardiovasculares (el más frecuente) hay mayor prevalencia de hipertensión y colesterol en las mujeres, mientras que en los hombres hay mayor tasa de diabetes y cardiopatía isquémica. El 2º y 3er grupo de problemas crónicos más importantes (osteoarticulares y de salud mental, respectivamente) tienen mayor impacto en mujeres.
Esto se suma a una mayor dependencia debido a la situación de vulnerabilidad social en los últimos años de vida. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en mujeres de la Comunitat Valenciana de 65 o más años en 2014 y 2015 fue del 10% (casi el doble que la de los hombres de su mismo grupo de edad).
Según la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana (ESCV) 2016 el 30% de personas adultas refiere un estado psicológico negativo, con mayor afectación de mujeres (33.6%) que de hombres (26.2%). Esto se relaciona, entre otras cosas, con la salud física. También tienen gran influencia los determinantes sociales, que repercuten de forma más manifiesta en las mujeres, especialmente los relacionados con el nivel de estudios y con la clase social.
Son llamativas también las desigualdades de género en el reconocimiento de enfermedades profesionales, ya que las sospechas de estas patologías se comunican con mayor frecuencia en las mujeres trabajadoras, pero el reconocimiento de estas enfermedades como tal es más frecuente en los hombres trabajadores (en 2016 el porcentaje de enfermedades profesionales reconocidas por las mutuas sobre el total de sospechas comunicadas al SISVEL fue de 37% en hombres y del 31% en mujeres). Este sesgo en el reconocimiento de las enfermedades profesionales genera desigualdades de acceso a las prestaciones a las que tienen derecho todas las personas afectadas y en las correspondientes medidas de prevención en los lugares de trabajo. La vigilancia activa de estas enfermedades a través de sistemas de comunicación de sospechas como el SISVEL puede contribuir a reducir este sesgo.
El informe FOESSA contribuye a entender la realidad de la exclusión. La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965 con el impulso de Cáritas Española ante la necesidad de conocer la situación social de España de forma objetiva y persistente como alternativa y complemento a las iniciadas políticas de desarrollo creadas en nuestro país en esos momentos. De su último informe, del 2019, podemos extraer los siguientes datos:
Respecto al empleo, las diferencias en la tasa de actividad entre mujeres y hombres se ha reducido entre 2007 y 2017, fruto del cambio generacional que produce la entrada en el mercado laboral de un mayor número de mujeres, pero también de la crisis económica que afectó de forma mucho más intensa a sectores tradicionalmente masculinizados. En los últimos años, la distancia ha vuelto a aumentar con el inicio de la recuperación económica.
Estas desigualdades son tanto cuantitativas como cualitativas afectando, p. ej. a la contratación a tiempo parcial (no voluntario), que lleva consigo menores salarios y obstaculiza el ascenso de las mujeres en las empresas. Cabe destacar que muchas mujeres que eligen este tipo de empleo parcial de manera voluntaria lo hacen porque están cuidando de enfermos, personas mayores o dependientes. Es, en realidad, una “voluntariedad obligada” por las circunstancias familiares y la falta de ayuda social, que afecta al 28% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial mientras que la proporción en varones es solo del 4%.
Afecta también a la brecha salarial, que en España es una de las más altas de la UE. Esto incide en el riesgo de empobrecimiento de las mujeres, ya que el empleo es uno de los factores que más influye en el riesgo de pobreza.
Ganancia media anual por trabajador/a (en €) y brecha salarial (%) 2008-2016:
Esta brecha salarial afecta de forma más intensa a las ocupaciones “bajas” (operadores y trabajadores no cualificados, con un 35.4%), mientras que en las “altas” (directores, profesionales científicos, intelectuales,…) es del 19.2%.
Otro aspecto es el acceso al mercado laboral, que viene determinado también por las cargas familiares. La proporción de hogares en los que las mujeres desocupadas declaran que no podrían reincorporarse al mercado laboral si encontraran un empleo por razón de responsabilidades familiares o personales es del 91.7% frente al 8.3% en los varones. Estas situaciones se han recrudecido a raíz de la crisis por la ausencia de recursos de conciliación o las barreras de acceso a ellos.
La precariedad laboral, que afecta de forma más significativa a las mujeres, afecta también a las pensiones de jubilación: la proporción de hombres que perciben jubilación es mayor y el importe medio mensual percibido, también, y esto se mantiene estable en la última década.
Estas desigualdades en el empleo y en las retribuciones acaban afectando a las tasas de pobreza. Esto podemos analizarlo si nos fijamos p. ej. en la dificultad para acudir al dentista, reducción de gastos fijos de la vivienda (teléfono, televisión, calefacción…) o el no poder hacer frente a gastos imprevistos, que es mayor en hogares cuya economía principal depende del sustento de una mujer. Esto también produce un mayor número de familias en alquiler (teniendo en cuenta que en España lo habitual es que las familias tiendan a tener viviendas en propiedad, esta diferencia es un nuevo reflejo de la peor posición económica de las mujeres).
Debido a los condicionantes económicos, de salud y vivienda, se producen también desigualdades en el ámbito de la participación social y esto conlleva, muchas veces, al aislamiento social. El porcentaje de hogares sin apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad, es mayor en los que la sustentadora principal es una mujer (8.7% frente a un 3.7% de los varones). Esta diferencia se dispara aún más en el caso de mujeres mayores, en relación con el aumento de esperanza de vida femenina; hay mayor porcentaje de mujeres mayores que viven solas.
Todo esto lleva a la conclusión de que la exclusión social es también mayor en hogares sustentados por mujeres, sobre todo en familias monoparentales donde en el 86.2% de los casos el progenitor responsable es la madre.
Se ha recorrido un gran trecho en el camino de la igualdad, pero los datos objetivos nos recuerdan que todavía queda mucho por hacer.
BIBLIOGRAFÍA:
1-Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana.
2-Desigualdades en salud en la Comunidad Valenciana, observatorio de salud, 2018.
3-Informe FOESSA 2019.
4-Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social.
Laura Alcón Carrasco
Medicina de Família i Comunitaria
Grup 3r i 4rt món de la Sovamfic
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