Citamos parte del texto del artículo.
“No hay ningún estudio que demuestre ese vínculo entre inmigración y abuso de los servicios sociales. Pero es que al hablar de educación y sanidad tampoco puede hablarse de un abuso; las instancias superiores lo reconocen como un derecho”, argumenta Sergio Carrera, investigador del Centre for European Policy Studies, uno de los laboratorios de ideas más influyentes en Europa.Algunos expertos han ensayado el complejo ejercicio de calcular la diferencia entre lo que aportan los inmigrantes a las arcas públicas y lo que consumen. Uno de esos intentos figura en un reciente estudio del Migration Policy Centre, con datos de la OCDE. Según esas cifras, los extranjeros son contribuyentes netos (ingresan al Estado más de lo que gastan) en casi todo el continente, salvo en siete países (entre ellos España). Aun así, varios informes presentados en España colocan a los inmigrantes como contribuyentes netos en sanidad. El motivo es que enferman menos, suelen ser más jóvenes y con mayor necesidad de trabajo que los autóctonos.
El debate difiere si se habla de extranjeros irregulares, que en muchos casos ni siquiera pueden acceder a las consultas médicas ordinarias y sólo acuden a urgencias cuando sus dolencias son graves. Esa circunstancia convierte en residual el gasto conjunto que generan sobre los presupuestos sanitarios de los países miembros, aunque pueda haber aglomeraciones concretas en algunos territorios de Europa".
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