Recientemente la Organización Mundial de
la Salud ha celebrado el Día Mundial de la Salud propugnando la universalidad
de la cobertura sanitaria. Paradójicamente, por estas mismas fechas España
conmemoraba el triste
aniversario de la implantación
del nefasto Real
Decreto 16/2012 por el que casi un millón de personas fueron expulsadas
del Sistema Nacional de Salud argumentando cuestiones economicistas, evitar el
fraude en la obtención de las tarjetas sanitarias, el turismo sanitario, o la sobrecarga
asistencial para el sistema sanitario.
A pesar de que estas hipótesis no se han
podido demostrar en ningún estudio, la aplicación de dicho decreto ha abocado a
la población más vulnerable y con menos
recursos a una situación de dramatismo sociosanitario al recortar y dificultar el acceso a medicaciones, artículos
ortoprotésicos y servicios sanitarios, situando a España en la cabecera de la desigualdad social en Europa. Aunque el argumento explícito principal del RDL 16/2012
fuera la sostenibilidad, ni siquiera se incluyó una memoria económica a la hora
de publicarlo que justificara con datos la necesidad de esa norma, ni existen
hasta la fecha datos que avalen la mejora de la sostenibilidad que se haya
podido alcanzar con el RDL.
La migración internacional se ha incrementado
sustancialmente en las últimas décadas. Se estima que en 1990 había 152
millones de migrantes en el mundo, aumentando en 2015 a 244 millones y 94
millones más en los últimos años, de los
que un 64% van a países desarrollados. Es un fenómeno sin
precedentes que ha contribuido a generar en los
distintos países debates y políticas defensivas
de algunos gobiernos de consecuencias negativas sobre la población
nativa y la salud pública al negarles el acceso a la salud,
convirtiéndolos en población vulnerable.
El llegar a un país desarrollado
puede no resultar un paraíso, sino una carrera de obstáculos. Existe
rechazo y aporofobia, agravado porque entre la población inmigrante hay una
alta proporción de indocumentados y sin permiso de residencia que les dificulta
el acceso a un derecho tan fundamental e inviolable como la salud. La atención
sanitaria a población sin permiso de residencia, tanto a niños, como a embarazadas, ancianos, pacientes
crónicos o pobres, en la Unión Europea está muy limitada. Existen grandes
barreras burocráticas. La llegada de migrantes
se vive como una amenaza por determinados sectores de los países
desarrollados. Pese a los
planteamientos xenófobos y aporófobos dominantes, algunos países y
sectores de esos u otros países interpretan la inmigración de forma positiva
como una alternativa a fenómenos
como la despoblación o el
envejecimiento, que ponen en riesgo su
relevo generacional y su sostenibilidad social. Y, por otra parte, con
frecuencia, los
migrantes tienen miedo de acceder a ella por temor a la deportación.
Algunos grupos de profesionales y
voluntarios que trabajan cerca de la realidad de la población excluida
sospechaban un impacto negativo relevante de la exclusión sobre la salud de
estas personas, aunque sin confirmación objetiva.
Un trabajo reciente, The deadly effects of losing
health insurance, presentado en
la Escuela Nacional de Sanidad, del que se ha hecho eco la prensa
generalista, viene a poner cifras a aquellas sospechas.
El estudio tiene como objeto estimar el
efecto que produce la restricción en el acceso a la sanidad pública sobre la
mortalidad de la población migrante afectada.
Los diferentes indicadores muestran en los tres primeros años de reforma un
incremento de mortalidad en migrantes sin permiso de residencia de 0,66 muertes
/100000, con un coeficiente de significación de 1%, que se traduce en un aumento del 15% con
respecto a la pre reforma o 70 muertes adicionales al año en términos
absolutos. El incremento es más significativo en el tercer año con un 22,6%.
Los datos de regresión muestran un incremento en el
periodo de mortalidad del 16,7% en la población africana, 23,4% en la
latinoamericana y, en los tres grupos de
migrantes, un fuerte y significativo efecto de la introducción del decreto
sobre la mortalidad de los migrantes (1% para africanos y americanos y 30,4% en
la asiática. El mayor incremento general de mortalidad se
da en el grupo de 40 a 64 años (19,9%), atribuyéndose a la interrupción y falta
de acceso a tratamientos crónicos,
seguido del grupo de edad entre 20 a 39
años con un aumento de la tasa de
mortalidad mensual del 16,49%.
Las salvaguardas establecidas por el Real Decreto para embarazadas, menores y
personas afectadas por procesos graves y urgentes explicaría la contención de la mortalidad en
estos grupos.
Los autores atribuyen el aumento de mortalidad a la falta de cobertura y acceso a los
servicios sanitarios, la falta de detección de enfermedades con alta mortalidad
y la interrupción de tratamientos en pacientes con enfermedades crónicas no
transmisibles y oncológicas. No se encuentra un aumento significativo de mortalidad en el caso de enfermedades
infecciosas que requieren tratamiento crónico y de coste elevado como la
infección por VIH- SIDA o la Tuberculosis, posiblemente porque se ha
seguido interviniendo sobre ellas al generar alarma social y potenciales
problemas de salud pública para la población autóctona.
Por primera vez, los resultados de este
estudio muestran que la restricción al acceso a la salud ha provocado un
incremento de la mortalidad entre la población migrante sin permiso de residencia, con especial significación
sobre las muertes evitables.
Los autores advierten que estos
datos pueden estar infraestimados, dada
la situación de irregularidad administrativa de este grupo poblacional, que
parcialmente podría no constar en los registros de mortalidad. Tampoco se conoce
con exactitud el número de personas con
restricciones al Sistema Nacional de
Salud como resultado de la reforma de 2012. El entonces presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en el Congreso de los Diputados el 20 de
febrero de 2013 haber
retirado 873.000 tarjetas sanitarias. Este último número
representa un 13,87% de la población inmigrante en España en 2012 y un 1,86% de
la población total. El
País advierte que, hasta el momento, solo se
dispone de algunos informes de organizaciones no gubernamentales como los
de Red
Acoge o Médicos
del Mundo cuyas
estimaciones se sustentan más bien, en casos particulares. Por su parte, en
2016 las autoridades españolas cifraron en 37.295 el número de extranjeros
residentes sin permiso.
La aplicación del RDL 16/2012 ha sido muy polémica. A pesar de que algunas Comunidades Autónomas
como (Aragón,
Valencia, Cantabria, Baleares o
Madrid introdujeron leyes
autonómicas de acceso a la atención
sanitaria para los migrantes sin permiso de residencia, el estudio tampoco ha
hallado diferencias significativas en la mortalidad entre Comunidades Autónomas. Ente las causas para esa aparente paradoja podrían señalarse las trabas para un acceso real y efectivo a los
servicios de salud, el desconocimiento de la población o el personal de los
centros sanitarios y el temor de los
migrantes a que se les facture por la
asistencia e incluso a la denegación del permiso de residencia y la expulsión
si no hacen frente a la deuda contraída con la hacienda pública.
Queda mucho por andar. Pero este estudio
aporta evidencia sobre una cruda e inadmisible
realidad que vulnera el derecho a
la salud de muchas personas. Detrás de los datos estadísticos y las
tasas de mortalidad, se esconden muertos de primera categoría y muertos de
segunda y una necesidad imperiosa, ineludible e inmediata de la abolición del
funesto RDL 16/2012.
(Arnau Juan Marti Mestres, Guillem López
Casanovas y Judit Vall Castelló. The
deadly effects of losing health insurance. Investigación del Instituto de Economía de Barcelona, del Centre de Recerca en Economia y Salut de
la Universidad Pompeu Fabra; 2017)
Gloria Rabanaque Mallén
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