A partir del 1 de enero de 2016 la Generalitat valenciana subvenciona el copago farmacéutico para pensionistas con bases liquidables anuales inferiores a 18000 euros y para personas con discapacidad con minusvalías superiores al 65% -o del 33% si son menores de edad.
Las ayudas son aplicables a tratamientos farmacológicos de pensionistas y farmacológicos u ortoprotésicos de personas con diversidad funcional, prescritos por profesionales del sistema sanitario público valenciano. Según los datos de la Conselleria de Sanitat, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, 403.334 pensionistas, que se beneficiarán de la medida, no iniciaron o abandonaron alguno de los tratamientos prescritos por su médico de la red pública. Por otra parte, el Barómetro Sanitario 2014 del Ministerio de Sanidad revela que un 7,9% de personas de la Comunitat manifiesta haber dejado de tomar por motivos económicos algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en los últimos 12 meses. Es la tasa más alta de toda España. En el caso de personas con diversidad funcional, 43.300 no iniciaron o abandonaron un tratamiento recetado por un médico de la red pública.
Además, un 24% de las personas a las que se prescribió material ortoprotésico no lo adquirió, poniendo en riesgo su salud, así como su recuperación funcional o su proceso de rehabilitación.
Las ayudas a las que hacen mención los nuevos decretos están contempladas en los presupuestos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de dos líneas presupuestarias: una destinada a pensionistas y otra para compensar los gastos relacionados con la protección de la salud para personas con diversidad funcional. Las ayudas, que se informarán en las propias recetas, se gestionarán de oficio mediante la información de la que dispone la Conselleria o a instancia de los propios interesados.
La medida ha sido objetada, entre otros por el médico de familia Juan Simó en su blog, ya que no toma en cuenta las situaciones de falta de acceso a las prestaciones farmacéuticas de personas extranjeras sin permiso de residencia temporal o de trabajadores y afiliados a mutualidades y de sus beneficiarios. Igualmente por establecer límites de renta individuales y no familiares.
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