El pasado 24 de abril se cumplieron 3
años desde la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 16/2012
(RDL 16/2012). El Observatorio por el Derecho Universal a la Salud de
la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) publicó ese día el décimo
informe basado
en las notificaciones de vulneración del derecho a la salud
registradas en la Comunitat. Aunque ya hicimos mención a este informe en el blog, queremos ampliar esa información haciendo un recopilatorio de datos importantes.
Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, ODUSALUD es una plataforma compuesta
hasta hoy por 78 organizaciones de la sociedad civil de la Comunidad
Valenciana, unidas para posicionarse firmemente en contra de los
cambios producidos por la entrada del RD 16/2012. La SVMFiC es una de
las entidades promotoras de dicho Observatorio, en coherencia y como
continuidad de la objeción de conciencia impulsada desde semFYC al
RDL 16/2012 y su aplicación en la Comunitat Valenciana. SVMFiC ha
delegado en su Grupo de Trabajo del 3er y 4º mundo la representación
en ODUSALUD.
Éstas son las conclusiones del X
informe ODUSALUD, obtenidas de los 1252 registros de incidencias,
cuyas características se detallan en el informe. Nos hemos permitido
separar las conclusiones en tres apartados:
1.- Datos obtenidos de los
registros.
En esos 3
años se
han
recibido
1.252
notificaciones.
Hemos pasado de una media
mensual de 43 incidencias en 2014 a 62 mensuales en el primer
trimestre de 2015.
Aspectos
más
destacables
de las
notificaciones
realizadas
desde el inicio del registro:
- Se han recogido 135 casos de menores desatendidos (11% del total) en centros sanitarios públicos, pese a que la normativa vigente mantiene el derecho a la asistencia sanitaria para los menores de 18 años.
- Aumentan las incidencias pese a la implantación del Programa Valenciano de Protección a la Salud (PVPS) en julio de 2013. Hasta ahora ha solicitado la cobertura del PVPS un número muy bajo de personas registradas, de las cuales, el 20% han sido rechazadas.
- Aumentan hasta el 73% las incidencias producidas en los Centros de salud, la mayoría de las cuales corresponden a personas en situación administrativa irregular.
- Un 18,6% de las incidencias se deriva de la existencia de la hoja de requerimiento de información también conocida como compromiso de pago y origen del procedimiento de facturación. Su consecuencia es la autoexclusión de pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria. Se trata de un fenómeno muy preocupante, cuya magnitud es difícil de evaluar
- Un 15,3% de las notificaciones hace referencia a la falta de acceso al tratamiento por razones económicas.
- Aumentan los casos de personas que no consiguen ser atendidas directamente por personal sanitario, un 62,6% frente al 56,3% del anterior informe.
- Siguen existiendo trabas administrativas, como carencia de tarjeta sanitaria, documento análogo o trámites de expedición y renovación.
2.- Valoración del Programa
Valenciano de Protección a la Salud (PVPS):
Si bien ha producido una mejora en
las condiciones de acceso a los servicios sanitarios públicos de las
personas a las que cubre, su efectividad ha sido muy escasa sobre el
conjunto de las personas excluidas del derecho a la asistencia
sanitaria. 18
meses después de su puesta en marcha, sólo alcanza a cubrir al 6%
de las personas a quienes iba destinado.
Los responsables de la Consellería
deberían revisar y escuchar los motivos por los que está fracasando
el PVPS. El informe apunta dos de ellos: la exigencia de requisitos
muy restrictivos por pate de Consellería y su falta de implicación
en la difusión, conocimiento y aplicación del PVPS.
3.- Propuestas de ODUSALUD de cara
a las próximas elecciones autonómicas:
El RDL 16/2012 establece el
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, fuera de las competencias de las
Comunidades Autónomas. Aun así, y con el fin de paliar sus
consecuencias, ODUSALUD propone a los nuevos Gobiernos Autonómicos y
Locales cinco prioridades
en este campo:
- El Gobierno Valenciano debe poner en marcha acciones que garanticen el acceso de todas las personas a los servicios sanitarios públicos. Para ello debe eliminar barreras administrativas y disuasorias de cualquier tipo, como los compromisos de pago por la asistencia prestada en estos servicios.
- El Gobierno Valenciano debe aplicar una solución definitiva al grave problema de los menores a quien se niega o limita el derecho a la asistencia sanitaria, garantizando entre tanto que se antepone el derecho de los menores a ser atendidos y a que su salud sea protegida, sobre cualquier otra consideración.
- El Gobierno Valenciano debe hacer efectiva la transparencia en los datos relacionados con la población a la que se garantiza o no su derecho a la asistencia sanitaria y su acceso a la misma.
- El Gobierno Valenciano debe emprender las acciones necesarias para paliar las consecuencias sobre las personas afectadas por la exclusión sanitaria, así como todas aquellas en el ámbito de su competencia e influencia para reconocer, promover e impulsar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y la derogación del RDL 16/2012.
- Los Ayuntamientos pondrán en marcha mecanismos que faciliten el empadronamiento de todas las personas que habitan en su municipio, eliminando barreras administrativas y burocráticas que dificulten el ejercicio de los derechos de sus habitantes.
4.- Respecto a las intenciones
todavía por conocer del Ministro de Sanidad
En este mes de abril, el presidente
del Gobierno Español y su Ministro de Sanidad han hecho públicas
sus intenciones de arbitrar medidas de ámbito estatal para las
decenas de miles de personas en situación de exclusión sanitaria en
toda España. Pese a la falta de concreción de la propuesta, se han
hecho explícitos algunos aspectos restrictivos alarmantes como
permitir el acceso sólo a centros de atención primaria, la
imposibilidad de acceso a centros de especialidades y hospitales y la
negativa a la concesión de la tarjeta sanitaria.
El informe ODUSALUD apunta que tomando como referencia un modelo de acceso sanitario restrictivo como el Programa Valenciano de Protección de la Salud, la propuesta aun menos ambiciosa por parte del Estado estará abocada a resultados igualmente pobres y al fracaso.
No nos parecen satisfactorios los motivos aducidos en prensa: "cuestiones de salud pública", porque es "más práctico" y para "no saturar las urgencias". Nos habría gustado oír que los motivos de rectificar estuvieran basados en la solidaridad con el más desfavorecido y más vulnerable, la defensa de los derechos fundamentales, o porque la sostenibilidad del sistema, aducida inicialmente para justificar el RDL 16/2012) ya no corría riesgo. Esperemos que rectifiquen y no jueguen con parches en algo tan importante como la salud.
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