«Las personas que reciban ayuda en alimentos deberán presentar un informe de servicios sociales»
Según
explicó hace menos de un mes el ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, los beneficiarios de los
alimentos que reparten entidades como Cruz
Roja
o la Federación
Española de Bancos de Alimentos
a partir de fondos europeos para personas vulnerables, tendrán que
probar con un informe de servicios sociales que realmente necesitan
ese apoyo.
Esta noticia ha
despertado la polémica y la reflexión sobre el significado y la
importancia de los bancos de alimentos como fenómeno social de
rabiosa y la vez triste actualidad.
Los Bancos de
Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el
voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de
nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas,
evitando cualquier desperdicio o mal uso.
El origen de los
alimentos proviene de empresas privadas, grandes superficies, centros
educativos, supermercados, pequeños negocios y donantes anónimos.
En 1996 los Bancos
de Alimentos constituyen, con capacidad jurídica y plena capacidad
de obrar, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
que reúne a los 54 Bancos que existen en la actualidad.
Los Bancos de
Alimentos no entregan alimentos a particulares. Sólo distribuyen
alimentos a instituciones benéficas, las cuales deben cumplir con
una serie de exigencias muy bien definidas.
Estas
Instituciones, distribuidas por toda España, ayudan a las personas
más necesitadas de las Comunidades Autónomas en las que se
encuentran establecidas. Abarcan a todo tipo de colectivos con rasgos
culturales, étnicos y religiosos varios, sin hacer diferenciación
alguna al respecto. Por tanto, son entidades
benéficas de carácter asistencial de la más diversa tipología.
Son
beneficiarios aquellos colectivos más castigados por la pobreza,
es decir, aquellas personas o grupos familiares que viven en la
antesala que da paso a la marginación y al desarraigo social.
Por otra parte, La
Unión Europea ha elaborado distintos reglamentos para financiar
estas acciones en relación con las materias primas.
Resulta
impactante percibir que una estrategia encaminada a la lucha por la
supervivencia de los colectivos más desfavorecidos, basada en el
apoyo solidario y en un trabajo llevado a cabo con
rigurosa profesionalidad se vea cuestionada ahora. Pero lo que
resulta todavía más inquietante es la coincidencia con la novedad
del Fondo de Ayuda Europea para las personas desfavorecidas por el
que España va a recibir 563,4 millones de euros de aquí a 2020.
¿Dónde quedarán estos fondos mientras aquellos a quién van
destinados se ven obligados a demostrar una y otra vez que necesitan
alimentos para comer cada día franqueando nuevas trabas
burocráticas?
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